La Opereta de Zambonini, Morales y sus esbirros

Ya en principios de Mayo, se leía en los medios de prensa que en ambas cámaras del Congreso habría  una amplia mayoría para rechazar un eventual veto del Ejecutivo de las ampliaciones presupuestarias destinadas a la Justicia Electoral. El 10 de mayo. el presidente Fernando Lugo declaró que el aumento para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no es proporcional. Dijo que tomó la decisión de vetar totalmente la ley sancionada porque hay otras necesidades más urgentes para el país.

Hay que recordar que esta ampliación presupuestaria eran de 15 millones de dolares para que el TSJE abra Oficinas en el Exterior y 35 millones de dolares para contratar a 9.000 NUEVOS funcionarios, con lo cual el TSJE volvería a contar con 17000 funcionarios, como contaba, antes de que se destape el escándalo por lo planilleros en el año 2011. Los invito a releer el post de este  blog http://goo.gl/PxV0n para recordar como viene la historia de este intento de robo.

Frente a la escandalosa decisión del Congreso de repartir cincuenta millones de dólares de la hacienda pública a los operadores políticos, se alzaron indignadas voces de todas partes. Nunca, o rara vez, la población ha coincidido mayoritariamente para condenar un atropello contra sus intereses. 

Desde el primer momento, la palabra represalia recorrió por los pasillos del poder legilativo, tanto es así que el propio presidente Fernando Lugo salio a declarar que no quiere que el Congreso tome represalias contra el Poder Ejecutivo por el veto aplicado a la ampliación presupuestaria para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). El Jefe de Estado dijo que “no sería inteligente” que el Parlamento boicotee los proyectos económicos que impulsa el Gobierno.

Según un sondeo entre senadores de distintas bancadas del Senado, la mayoría estaba por rechazar el veto del Ejecutivo a la ampliación para el TSJE, por más que ello les signifique un alto costo político. El mismo presidente del Congreso, el oviedista Jorge Oviedo Matto, salió a decir en esos días que el Estado “es una bolsa de trabajo”. Desde esta idea, se pregunta: “Los operadores políticos que, según dicen, son los contratados por el TSJE (Tribunal Superior de Justicia Electoral) ¿no son paraguayos que merecen tener un sueldo?”. El único argumento que esgrimen, hoy por hoy, los parlamentarios para despojar al erario público de cincuenta millones de dólares es que el Estado es una bolsa de trabajo; que los operadores políticos son paraguayos merecedores de un sueldo. Si son merecedores de un sueldo, ¿por qué no les pagan los políticos que los contratan?

La decisión de rechazar o aceptar el veto del Poder Ejecutivo a la ampliación  para la Justicia Electoral dependerá de la postura individual de los legisladores, dado que,  el fuerte internismo en los partidos mayoritarios hace difícil que haya una postura institucional. Tanto es así, que el propio Javier Zacarías Irun y Horacio Cartes salieron a rechazar el aumento de 50 millones de dólares .

Dado este contexto adverso; el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) resolvió rescindir el contrato de 4.000 recomendados políticos, que cumplían funciones en el área electoral. Este número de funcionarios, apadrinados en su mayoría por legisladores, se suman a los 3.000 que ya fueron descontratados en abril. El diputado Sebastián Acha, del Partido Patria Querida, señalo, ante este hecho, que la descontratación de los 7.000 funcionarios de la Justicia Electoral es “una represalia y una extorsión” por parte de ese organismo al Parlamento.

Parte de estos 7.000 descontratados de la Justicia Electoral se congregaron frente al PC del movimiento de Horacio Cartes, a quien pidieron impulsar el rechazo del veto a los US$ 50 millones para el TSJE. Juan Manuel Morales indicó que se optó por la desvinculación de los operadores debido a que “ya no hay plata”. “No tenemos plata y no podemos pagar. Es sentido común”, manifestó al justificar las descontrataciones. Consideró que en lugar de cuestionar el incremento para los operadores, la ciudadanía y los medios deberían destacar su gestión al frente de la Justicia Electoral.“El mundo habla de estas boludeces y no de que durante mi gestión las elecciones fueron limpias”, aseveró.

El ministro de la Justicia Electoral, Alberto Zambonini, visito a los diputados supuestamente para conversar sobre el desbloqueo de listas “sábana”, pero el transfondo real fue el veto del Ejecutivo a la ampliación del TSJE. La diputada Blanca Lila Mignarro, del PLRA, dijo que buscará presentar un proyecto alternativo, “de tal forma que los contratados de la Justicia Electoral, hoy cesantes por falta de recursos económicos, puedan llegar hasta fines de diciembre y con aguinaldo”, explicó.“El presupuesto de la Justicia Electoral tuvo un gran recorte en la Cámara de Senadores… y lo que pidieron ahora es la restitución de lo que se recortó”, justificó la legisladora.

Lo que Morales y Zambonini, junto con sus cómplices del Congreso, (en una típica asociación ilícita para delinquir), intentan implantar, es la falsa creencia de que el pedido de ampliación tiene como finalidad el pago de los sueldos de estos 7.000 des-contratados, el TSJE ya tenia 81.913 millones de  guaranies para pagar a estos funcionarios, tal como podes leer acá http://goo.gl/kywxr. Que piensan que somos? Idiotas?

 Mienten, extorcionan y chantajean, no es hora de un Juicio Político a estos impresentables?


IMPORTANTE ACTUALIZACIÓN: El diputado del Partido Patria Querida (PPQ), Carlos Soler, denunció que los funcionarios descontratados de la Justicia Electoral que responden a la ANR, el PLRA y el Unace siguen percibiendo sus haberes a través de las redes bancarias vía tarjetas de débitos. http://pq.patriaquerida.org/noticias.php?id=2410 

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